divendres, 22 de març de 2013

SIN ARCHIVEROS NO HAY TRANSPARENCIA NI DEMOCRACIA QUE VALGA.


Lo que se esconde bajo la futura Ley de Transparencia que prepara el gobierno del Partido Popular. 


La futura Ley de Transparencia avanza, pasito a pasito, en el Congreso de los Diputados. Recientemente, han declarado en esta tribuna una serie de expertos y portavoces de grupos privados con intereses en el tema que, en la mayoría de casos, han expuesto serias objeciones al anteproyecto de ley presentado por el gobierno del PP. Igualmente, la críticas se extienden por amplios sectores sociales y políticos que ven en la nueva ley un nuevo recorte de derechos a los ciudadanos y un refuerzo de la opacidad de la administración.

Una de las personas más claras i contundentes, de todas las que han declarado en el Congreso hasta el momento por este asundo, ha sido la Presidenta de la Asociación de Archiveros en la Función Pública (AEFP), Rosana de Andrés Díaz, lo cual como archivero en ciernes y asiduo usuario de los archivos me produce una cierta satisfacción. Básicamente, porque por fin veo que mis apreciaciones y preocupaciones y la de un gran número de mis compañeros archiveros sobre la situación en la que se encuentra el sector profesional de la archivística es denunciada abiertamente por las asociaciones que, supuestamente, nos representan y que, hasta ahora, parecían sumidas en un profundo letargo.

No estaría mal que la Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya también dejara claro el posicionamiento de los profesionales de este sector ante las administraciones públicas catalanas. En este sentido, esperamos que la renovación de la Junta Directiva de la Associació, prevista para el próximo mes de mayo en el seno del XIV Congrés d’Arxivística suponga un cambio de rumbo claro en este sentido. 

La señora de Andrés ha sido valiente al afirmar en el Congreso que “los archiveros estamos en cuadro” y que “con los medios humanos actuales será difícil atender las demandas de información de los ciudadanos", con o sin nueva ley de transparencia. Para ser más explicita, de Andrés ha comparado la situación del sector con la de un "paciente gravemente enfermo" y la de un "edificio agrietado". Y ha recordado a los diputados que ninguna Ley de Transparencia será "viable" y "eficaz" sin archivos públicos en condiciones y sin archiveros/as. Y ha advertido a los diputados que "no se engañen" pensando que la solución pasa por las nuevas tecnologías, porque "en la gestión de documentos el factor humano es insustituible" y solo el archivero esta capacitado, por si posición transversal en cualquier organización, para gestionar esa información y decirle a “las máquinas” que hacen funcionar el sistema que es lo que deben hacer, como y en que momento. Porque, de momento, que yo sepa, todabía no existe un software capaz de pensar por si mismo. 

Igualmente, de Andrés ha denunciado valientemente los elevados costos que tiene la externalización de los servicios archivísticos por parte de la administración pública. Con datos fiables en la mano ha advertido que “los ministerios que externalizan pagan 30 euros anuales por metro lineal de información, frente a los 3,66 euros que paga el que no externaliza”. Entonces, ¿quién sale beneficiado de la privatización y externalización de los servicios de la administración? Desde luego el ciudadano que la paga no. Y lo mismo sucede con la gestión documental de los trámites administrativos de las administraciones públicas donde la presidenta de la AEFP denuncia que existe una "mala gestión documental de principio a fin" que, nuevamente, repercute negativamente sobre los ciudadanos que reciben un servició, cuando menos mejorable, a un coste que podría ser, igualmente, mucho menor. De hecho, el simple cumplimiento de la legislación existente, como el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ya supondría un gran ahorro y la mejora sustancial del servició público, pero a menos de un año para que se agote el plazo para su implantación ya es evidente que se producirá un aplazamiento y que muy pocas administraciones estarán en condiciones de cumplirlo.  

Que duda cabe, que los años de la fiesta del gasto público han acabado y que los archiveros que supieron sacarle algún partido a esta situación ahora ven como las pocas metas que habían conseguido corren el grave peligro de desaparecer. Tampoco quiero dejar de ser crítico y reconocer que en la pasada época de opulencia se dejaron de aprovechar muchas oportunidades por falta de valentía o de criterio. Pero que nadie se engañe. La archivística puede parecer un oficio muy antiguo y lo es si nos remontamos a la antigua Roma para definirlo, pero en realidad el oficio de archivero y la disciplina archivística han evolucionado tanto en las últimas dos décadas debido a la aparición de los avances informáticos, la tecnología digital, internet y las teorías de gestión documental que el oficio de archivero tiene ya muy poco que ver con los viejos pergaminos, aunque también, y mucho que ver con la transparencia y la eficiencia administrativa, la administración electrónica, el “buen gobierno”, la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, la investigación y el desarrollo, la justicia, el patrimonio y la memoria histórica y la cultura, por decir solo los más evidentes.

Y como son capaces los archivos y la ciencia archivística moderna de hacer todo eso, se preguntaran ustedes. Pues muy fácil. En primer lugar, porque toda administración o empresa que quiera ser eficiente, competitiva y no malbaratar sus recursos debe disponer de un equipo de archiveros/as, un sistema de archivos e implantar un sistema de gestión documental. En un futuro muy próximo, las empresas y administraciones que no apuesten por estos avances dejarán de ser competitivas o se convertirán en un pozo sin fondo de recursos públicos. En segundo lugar, porque los archivos son o deberían ser una de las pocas áreas transversales dentro de cualquier organización, publica o privada, y como tales poseen una visión de conjunto y, si se les deja, la capacidad de intervención en el funcionamiento general y de cada área. Todas las áreas de una organización o administración reciben y generan documentación, electrónica o en papel, y todas necesitan administrarla. Es decir, guardarla, recuperarla, modificarla o suprimirla cuando sea necesario. Y a su vez, todos los ciudadanos o clientes de una administración o de una empresa necesitan relacionarse limpiamente con los prestadores de los servicios que necesitan o los garantes de sus derechos, sabiendo que existen unas reglas del juego transparentes y justas para todas las partes. Pues bien, para organizar todo este sistema de relaciones de forma eficiente y eficaz esta el archivero/a y la ciencia archivística que sin ser perfecta – dios nos salve de querer proponer ninguna verdad absoluta - de aplicarse a la administración pública y no digamos ya en la empresa privada produciría una revolución sin precedentes en la evolución de nuestra sociedad. Y no exagero. 

Pero que nadie se confunda. La solución no se encuentra únicamente en la aplicación de una técnica lógica y racional para administrar nuestra burocracia y nuestra vida en común. Se trata de algo mucho más importante. Se trata de demostrar que una democracia no puede atreverse a llamarse a si misma democracia sino es capaz de aplicar en su funcionamiento, tanto público como privado, todas estas técnicas y prácticas archivísticas que, de momento - porque están en continuo proceso de mejora -, son las que mejor garantizan la paz y la justicia y los derechos y libertades democráticos. Evidentemente, cuando hablo de una democracia así me refiero a un sistema mejorado de las democracias occidentales actuales, una democracia radical, podríamos decir. Una vuelta a los orígenes del significado democracia tal como fue entendido en sus inicios. Pues como el poeta Enric Casasses dijo en una ocasión, el problema de la democracia actual es que ha olvidado el griego y ya no recuerda que democracia significa poder del pueblo.

En una verdadera democracia, el archivero/a es el encargado de poner a disposición de todo el mundo, gobernante y gobernado, el conjunto de la información disponible de una forma adecuada, es decir, favoreciendo el libre acceso de todo el mundo a la información, siempre que sea posible, y no atente contra la libertad o los derechos de terceros. Si esto fuera posible hoy en día, y no lo es por falta de voluntad política, estaríamos ante una revolución sin precedentes en nuestra sociedad. Avanzar en cualquier otra dirección como está haciendo el gobierno con la Ley de Transparencia es, cuando menos, una gran estupidez, a la par que una verdadera cortina de humo para acallar las críticas sobre corrupción y malbaratamiento de recursos. Ya sabemos todos que el nombre no hace la cosa y que la prostitución del lenguaje está al orden del día en la política. En esta línea, llamar Ley de Transparencia a una ley que refuerza las opacidades del sistema es un ejemplo sintomático muy claro de los tiempos políticos que vivimos. A ningún observador atento y bienintencionado de esta cuestión le puede pasar por alto que el camino escogido por el gobierno esconde intereses privados i partidistas que poco o nada tienen de transparentes i que lo que buscan es obtener ventajas exclusivas que les aseguren un acceso preeminente a la información y por tanto al poder y los recursos que de este se derivan, de los cuales pretenden apropiarse.

Mi estimado profesor de la Escuela Superior de Archivística de Catalunya, Josep Matas, afirma que la futura Llei (de transparència) sembla destinada a cobrir l’expedient: permetrà dir que Espanya ja té una llei de transparència (finalment), però no serà la norma transformadora d'hàbits secretistes i modernitzadora que tant convindria. Serà difícilment homologable a les vigents avui a molts països europeus. Principalmente porqueconsidera l’accés a la documentació i la transparència com un aspecte menor, complementari o secundari”. “El Projecte de Llei no interioritza o no assumeix la comunicació dels documents o d’informació al ciutadà com un aspecte consubstancial de la pràctica administrativa. La transparència, si es vol que sigui real, ha de ser una qüestió a considerar des del primer moment”.

Entonces, si la Ley de Trasparencia que prepara el gobierno presenta deficiencias tan graves en cuanto al respeto de los derechos democráticos de información y de defensa del ciudadano, ¿que se esconde realmente detrás de la Ley de Transparencia que prepara el gobierno? Sin duda, lo que se esconde detrás de esta Ley no es favorecer la transparencia, sino todo lo contrario, asegurar la opacidad y, por lo tanto, la discrecionalidad del poder del Estado que, de esta manera, queda como coto reservado de caza de unos pocos privilegiados organizados en torno a grupos de interes. 

Si hacemos caso de todas estas evidencias que presenta el proyecto de Ley de Transparencia y damos por ciertos los análisis políticos y economicos de personas altamente informadas como el profesor Josep Fontana o los premios Nobel de economia Paul Krugman y Joseph Stiglitz deberemos admitir que estamos ante un ataque sistemático y organizado del poder económico y financiero contra los servicios públicos y los derechos y libertades democráticos conseguidos durante décadas de lucha social y política por parte de las clases populares y trabajadoras. Ante esta situación, el archivero/a, como cualquier otro profesional, debería posicionarse claramente y defender con uñas y dientes los valores y derechos democráticos, de los cuales él es, en buena medida, el garante y comprometerse a cumplirlos exista o no Ley de Transparencia.            





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